Pareja de Colombia contrato un sicario

Como contratamos un sicario en Colombia

En este texto les explico porque nosotros contratamos los servicios de sicarios en Colombia. Nosotros somos una pareja de Colombia. Antes de huir de nuestro país, yo trabajaba, en parte, como líder sindical y mi pareja como bombero. En el año 2019, ingrese a la Empresa de Servicios Públicos de Acueductos y Alcantarillado de Valledupar – EMDUPAR S.A. E.S.P en el cargo de jefe del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo. En el mes de febrero de 2020, fui elegida como Representante Sindical en la Unión de Trabajadores de la Industria de Servicios y Alcantarillados - UTISA.

Esta designación, no fue bien recibida por parte de la Administración de la Empresa, motivo por el cual, fueron convocados por parte de la Empresa el presidente y la Fiscal de dicho sindicato, con el fin de lograr retirarme la garantía legal del fuero sindical, y posteriormente, lograr la excusión de mi parte de la Organización Sindical. Lo anterior, no fue posible, en virtud a las garantías legales por las que se desarrolló mi elección, el trámite que se efectuó en dicho acto, el desempeño laboral y sindical. Así mismo, por el respaldo a mi gestión por parte del presidente de Unión de Trabajadores de la Industria de Servicios y Alcantarillados - UTISA.

A partir de ese momento, y toda la vigencia del año 2020, la posición de la directiva de la Empresa, así como, el resto de los funcionarios que formaron parte de la dirección de la Compañía, se orientó hacia conductas tendientes a: escasa comunicación y la falta de diálogo; pese a mi cargo, no ser tenida en cuenta para decisiones relacionadas con mi área de trabajo; siendo la persona responsable de la jefatura, persistente exigencia en materia de rendición de informes verbales y escritos; aun cuando ya había estos, en muchos casos, habían sido presentados por mi parte como cumplimiento a las labores desempeñadas, solicitud de información que no era propia de las funciones y responsabilidades del cargo. Todas estas conductas son acciones propias de acoso y discriminación, en mi papel de mujer, de trabajadora y de líder sindical.

La Empresa de Servicios Públicos de Acueductos y Alcantarillado de Valledupar – EMDUPAR S.A. E.S.P, es una empresa del municipio de Valledupar. Es una organización muy rentable, ya que, es la única institución que presta el servicio de agua potable y alcantarillado a toda la ciudad; razón por la cual, la hace viable y sostenible desde el punto de vista económico. Sin embargo, debido su manejo es público; es decir, por parte de los políticos de turno; esta se ve afectada por los malos manejos de su directiva y por la corrupción imperante en la política y todas las esferas en el Municipio de Valledupar y de Colombia, en general.

En virtud de lo anterior, muchos políticos de turno y directivas de esta compañía, han intentado lograr la venta de la Empresa de Servicios Públicos de Acueductos y Alcantarillado de Valledupar – EMDUPAR S.A. E.S.P al sector privado. A comienzos del año 2021, la organización sindical que represento, pudo tener conocimiento de las gestiones adelantadas por la por parte de la directiva de la Empresa para efectuar la privatización de la misma. Es importante precisar que estos trámites y diligencias; habían sido efectuadas sin conocimiento del sindicato, los trabajadores de la Empresa y por tratarse de una Empresa pública, sin el más mínimo conocimiento de la comunidad en general del Municipio de Valledupar.

Durante ese año, las directivas de la Empresa, mediante informes pretendieron desdibujar la realidad económica y financiera mostrando cifras y datos que reflejaran una dura crisis. En el mes de octubre de 2021, la Empresa, manifestó de manera pública y abierta la necesidad de negociar la operación con un inversionista privado amparado en una “supuesta inyección de capital que asegurase la prestación del servicio”. Esta situación, en realidad traía como consecuencia, en primer lugar; el despido una cantidad considerable de trabajadores, y seguidamente, el encarecimiento en los costos y el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado por parte de los habitantes de la ciudad de Valledupar y su consecuente impacto social.

Con motivo de lo anterior la Unión de Trabajadores de la Industria de Servicios y Alcantarillados – UTISA, y con base en derecho de huelga, se declaró el cese de actividades. En mi calidad de Líder Sindical, y como representante de la misma; me manifesté de manera libre y pública, con el propósito de impedir el proceso de privatización organizado por la directiva de la Empresa. En el transcurso del mismo mes 21 de octubre, mediante comunicaciones de texto y mensajes de WhatsApp en los que se me exigía, levantar el paro y renunciar al sindicato. Así mismo, durante ese mes, recibí otros mensajes, en donde me exigen el levantamiento del cese de actividades, y en igual sentido, presionar mi salida de la Empresa. Frente a tales demandas, inicialmente, preste poca atención, ya que, consideraba que se trataba de algún error y nunca había sido objeto de las mismas e incluso considere que consistían en maniobras o estrategias intimidantes por parte de algún sector de la administración con interés en la privatización de la Empresa. El día 27 de octubre de 2021, se efectuó una reunión entre la Alcaldía Municipal, los trabajadores de La Empresa y medios de comunicación, en la que antes de ingresar a la misma, decidí realizar y publicar en redes sociales, un video en el que entrevisto a compañeros del sindicato y posición frente al panorama de la Empresa y las intenciones de la Alcaldía Municipal y la Directiva de la Empresa.

Pocos días después, recibí un nuevo mensaje en el que me indican, no solo, que debía renunciar al sindicato y a la Empresa, sino que además de lo anterior, habían recibido la orden de sacarme de la ciudad. Y en caso de no cumplir con tales exigencias, se había dado la orden de asesinarme, y no solo a Mí, sino también a Mi Familia.

En virtud de la persistencia y teniendo presente la gravedad de tales amenazas, frente al riesgo para a la vida no solo mía sino de mi núcleo familiar y pensé que solo un sicario podía ayudarme con este problema. De igual manera, en dichos mensajes, empezaban a indicarme que: me habían visto en un centro comercial con mis hijos y mi esposo en la ciudad de Valledupar. Igualmente, mensajes que dan cuenta de seguimientos a citas médicas, identificación mi lugar de vivienda con mis hijos y mi familia e identifican el lugar de trabajo de mi esposo, por lo cual, sentí mucho temor. Fueron tan puntuales en los seguimientos que indicaban los lugares exactos a los cuales, mi familia y yo asistíamos.

En ese momento, se hacía más evidente estar en frente a una amenaza. Por este motivo, inicialmente bloqueé el número del cual recibí las comunicaciones; sin embargo, los mensajes continuaron desde otra línea telefónica. Considerando la displicencia de las autoridades en Colombia, dialogue con mi esposo al respecto y durante el mes de noviembre de 2021; decidimos contratar los servicios de una firma especializada en investigación privada de la ciudad de Barranquilla; con el propósito lograr asegurarnos de un adecuado apoyo ante las autoridades en Colombia y poder conocer la fuente de la cual provenían las amenazas antes señaladas. Por esta razón, el día 4 del mes de noviembre, me trasladé en compañía de mi esposo a la ciudad de Barranquilla, con el propósito de entrevistarnos con el director de la agencia de investigación antes mencionada.

En los días posteriores del viaje antes indicado, me envían unos mensajes en los que me informan que me había reunido con unas personas en la ciudad de Barranquilla y, unos días después, me escriben informando que saben del equipo legal que me estaba asesorando; se informaron que no debía realizar ningún tipo de denuncia ante las autoridades competentes. Los mensajes continuaron identificando las rutinas con mi familia, pero en esta ocasión, adicionando imágenes y registros fotográficos que daban cuenta de la veracidad de los comunicados.

Por recomendación y apoyo de la firma de investigación, instauraron las respectivas denuncias en la ciudad de Valledupar ante las autoridades competentes en Colombia. Es así, como el día 23 de noviembre de 2021 se puso en conocimiento del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal – GAULA de la Policía Nacional de Colombia. En la misma fecha, el equipo de investigación contratado, se dirigió hacia la fiscalía general de la Nación, para presentar la denuncia, así como a la Defensoría del Pueblo de Colombia, con el propósito de solicitar que se abra la ruta de protección a víctimas del conflicto.

En vista que la Policía Nacional de Colombia, ni mucho menos, la fiscalía general de la Nación había iniciado las investigaciones del caso. El día 03 de diciembre de 2021, se solicitó por escrito para que se emitan las respectivas medidas de protección por parte de la fiscalía general de la Nación y como respuesta se emiten el día 09 de diciembre de 2021. Y únicamente hasta la fecha antes indicada, la Defensoría del Pueblo de Colombia, tramita la apertura de la ruta de protección a víctimas del conflicto.

El día 14 de diciembre de 2021, informe toda la situación presentada a la organización Unión de Trabajadores de la Industria de Servicios y Alcantarillados – UTISA, que represento y de la cual soy líder y el día 20 de diciembre de ese mismo año a la Confederación General de Trabajadores de Colombia –CGTC. El día 28 de diciembre de 2021, recibí información por parte de la Unidad Nacional de Protección; organismo este al cual le corresponde el análisis y evaluación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidad e implementar medidas de protección, quienes me informan textualmente que debo tener paciencia, porque es un poco demorado. En vista que no cumplí con las exigencias manifestadas en sus mensajes amenazantes; el día 28 de noviembre, me declaran objetivo militar y tener tal designación por parte de cualquier grupo al margen de la ley en Colombia, es una sentencia de muerte. El día 05 de enero de 2022, se informa oficialmente a la Empresa de Servicios Públicos de Acueductos y Alcantarillado de Valledupar – EMDUPAR S.A. E.S.P, toda la situación presentada.

El día 15 de enero de 2022, llego a mi correo y a mi casa un panfleto donde me amenazan y me dan un plazo de 48 horas para salir de la ciudad, y en caso de no hacerlo, debía atenerme a las consecuencias. Este grupo como ellos se identificaron en los mensajes AGC / Autodefensas Gaetanitas de Colombia y subgrupo zonal Diomedes Ortega, los cuales, han sido declarados como terroristas en diferentes partes del mundo.

Aunque la fiscalía aprobó las medidas de protección, estábamos muy decepcionados porque los cuerpos policíacos de protección casi no se presentaban a nuestro hogar para brindarnos protección. Venían de forma muy esporádica y no se quedaban mucho tiempo entonces estábamos básicamente indefensos, sin tener ningún tipo de protección.

De hecho, el 16 de enero fuimos en la fiscalía para interponer una queja ya que las medidas de protección no eran nada eficientes y nos sentimos sin protección. Nos dijeron de poner la queja por escrito y qué algún supervisor iba a analizar la queja y nos iban a contestar en los próximos dos días máximo para indicarnos qué es lo que iban a hacer para brindarnos con respecto a las medidas de protección.

Desafortunadamente, nunca nos llamaron entonces el 19 de enero regresamos a la fiscalía para esta vez hablar con un encargado con el fin de darle seguimiento a la queja. Parecía que el encargado se puso molesto cuando le dije que no cumplieron ya que no nos habían contactado en menos de 2 días. Asimismo, el encargado me dijo que solamente los políticos de alto nivel son los que reciben verdaderas medidas de protección y que aún no habían terminado de analizar mi queja. No vimos que nos quisieron ayudar entonces pensamos que lo mejor era de buscar en internet los servicios de un sicario.

Se me hizo muy raro cuando escuché la palabra "verdaderas". Era como insinuar de que las medidas que nos habían otorgado, eran "a medias" o no eran eficaces. En ese momento le dije al encargado de que las amenazas que estaba yo recibiendo debían tomarse muy en serio, pero parece que no me hizo caso porque me repitió lo mismo de que aún no habían terminado de revisar mi queja. Ahí fue cuando me di cuenta que realmente no había ningún tipo de iniciativa para brindarme protección. Parecía que no veían mi situación como algo prioritario, por lo tanto, no me pudieron brindar la protección que requería para poder seguir viviendo una vida normal en mi país.

Debido a que no tenía la forma de obtener algún tipo de protección por parte de la policía decidí junto con mi familia que teníamos que irnos de Colombia y nos fuimos el 20 de enero 2022 a Estados Unidos. Antes de irnos a Estados Unidos ya ni vivíamos en Valledupar. Teníamos más de 2 meses que vivíamos en un departamento que habíamos rentado en Los Robles la Paz. Decidimos irnos de Valledupar porque básicamente teníamos mucho miedo que nos pase algo ya que en una de las llamadas telefónicas nos decían que sabían nuestro domicilio exacto e iban a venir en cualquier momento a asesinarnos.

Solo íbamos a Valledupar las dos veces que fuimos a la fiscalía para lo de la queja que interpusimos. Cuando íbamos a Valledupar tomábamos diferentes caminos de carretera y vehículos de Uber diferentes por si acaso esos delincuentes se enteren de nuestros movimientos y ubicación. Como no vimos solución, contactamos al sicario nuevamente para finalizar los detalles y ellos fueron e hicieron la tarea y ahora ya estamos mejor.